A147 Remitir el Asunto del Canon Disciplinario de los Laicos a la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones

Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos,

Que la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones estudie y presente un informe a la 82ª Convención General con los cambios canónicos recomendados, si los hubiera, para

  1. Autorizar a la Autoridad Eclesiástica en el caso de funcionarios electos de una congregación o de la Diócesis que sean laicos, o autorizar al Obispo Presidente en el caso de funcionarios electos de la Convención General o de las Provincias que sean laicos, a actuar con prontitud para suspender o destituir de su cargo a los funcionarios electos en circunstancias en las que:
     
    1. Existan pruebas creíbles para pensar que la continuidad de ese dirigente laico electo en el cargo suponga un riesgo grave de conducta inapropiada delictiva, daños corporales o malversación financiera.
       
    2. El funcionario laico electo haya sido internado involuntariamente para recibir tratamiento, incluido el tratamiento por abuso de sustancias.
       
    3. El funcionario laico electo, antes de su elección, no haya revelado a los votantes (1) cargos penales pendientes, condenas penales pasadas o desvíos para tratamiento, (2) suspensiones o destituciones pasadas o actuales de cualquier organismo profesional por conducta inapropiada o (3) cualquier orden de protección pasada o actual en su contra.
       
    4. Los esfuerzos del funcionario laico electo por obstruir las investigaciones autorizadas sobre dichos alegatos.

    Cualquier recomendación de cambio canónico que autorice dicha suspensión o destitución deberá prever también una pronta revisión posterior a la suspensión o destitución ante un organismo neutral a cargo de tomar decisiones (diocesano o provincial, según sea el caso), el cual deberá incluir a otros funcionarios laicos electos. En esa revisión, el líder laico suspendido o destituido recibirá las pruebas en su contra con suficiente antelación a la audiencia para que pueda reunir pruebas de respuesta y presentar su defensa ante la supuesta conducta inapropiada. El organismo revisor tendrá el poder de restituir al dirigente laico electo si los hechos de la destitución carecen de fundamento sustancial.

  1. Estudiar y presentar un informe con el lenguaje canónico recomendado, de haberlo, que prevea la comprobación de los antecedentes de los funcionarios electos laicos antes de presentarse a las elecciones, en particular en el caso de los funcionarios electos laicos con autoridad sobre cuentas financieras, procedimientos disciplinarios eclesiásticos o recomendaciones en la aprobación de ordenaciones del clero.

 

Explicación

Los cánones actuales no autorizan expresamente una acción rápida para destituir o suspender a un funcionario laico electo cuando hay alegatos creíbles de conducta inapropiada criminal, como una acusación u otros cargos criminales, una auditoría que muestre la desaparición inexplicable o el uso indebido de fondos de una cuenta sobre la que el funcionario laico electo tiene autoridad de firma, o alegatos de daños graves a niños u otros por parte del funcionario laico. Del mismo modo, cuando un funcionario laico electo ha sido internado involuntariamente para recibir tratamiento, debe autorizarse la adopción de medidas para proteger a la iglesia y a su gente.

Esta resolución pide a la Comisión Permanente de Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones que estudie este asunto y haga las recomendaciones oportunas sobre los cambios canónicos, si los hubiera, que considere necesarios para autorizar una acción rápida que proteja a la Iglesia, a su gente y sus fondos, al tiempo que proporcione una forma viable de impugnar dicha suspensión o destitución por no estar respaldada por las pruebas.

Los cambios canónicos que se recomienden deben contribuir a garantizar que esta autoridad se ejerza cuando existan pruebas sólidas de una conducta indebida grave en el pasado o de un daño inminente significativo. Cualquier cambio canónico de este tipo que se recomiende debe garantizar que el funcionario laico electo tenga derecho a una pronta audiencia posterior a la suspensión ante un responsable neutral a cargo de tomar decisiones, en la cual el funcionario laico tenga derecho a presentar pruebas y a conocer con antelación las pruebas en las que se ha basado la suspensión o destitución.

Esta autoridad debe ejercerse para proteger a la Iglesia, a su pueblo y al público, y no debe invocarse por diferencias en las políticas. El organismo neutral de revisión debe incluir a funcionarios laicos electos, de acuerdo con la política de la Iglesia y como control contra el uso inapropiado de esta autoridad.

El segundo párrafo pide un estudio y una posible recomendación de lenguaje canónico para proporcionar comprobación de antecedentes en los casos en que los funcionarios laicos electos tengan una autoridad financiera o de supervisión significativa. Ese paso preventivo puede ayudar a evitar casos de posible conducta inapropiada y daños a las personas y a la misión de la iglesia.